El ministro de Trabajo, anunció que en las próximas semanas se aprobarán modificaciones a la Ley 3.141.
El ministro de Trabajo, anunció que en las próximas semanas se aprobarán modificaciones a la Ley 3.141. El objetivo es fortalecer la contratación local con herramientas digitales y controles más estrictos.
El ministro de Trabajo de la provincia de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, confirmó que se pondrá en marcha el nuevo Registro de Empleo santacruceño, en el marco de las modificaciones a la Ley 3.141, conocida como “70/30”, que regula la contratación de mano de obra local en actividades productivas.
El funcionario sostuvo que, frente a la pérdida de empleo sufrida tras decisiones del Gobierno nacional, paralización de obra pública, salida de YPF, represas y la situación de YCRT, la provincia trabaja en mecanismos que permitan recomponer la ocupación de manera rápida y sostenida. En este sentido, consideró que la llegada de nuevas operadoras hidrocarburíferas genera expectativas en el sector laboral.
“Vamos a modificar la Ley 3140 de Empleo santacruceño, estamos haciendo un trabajo minucioso para que se pueda cumplir, pero a la vez ser más rigurosos en cuestiones que tienen que ver con el nivel de empleo santacruceño, que es lo que tenemos que fortalecer y ver cómo articulamos con el sector privado para que puedan cumplirlo”, expresó.
La iniciativa apunta a mejorar los controles mediante herramientas digitales y a reforzar el cumplimiento de la norma que aplica a todas las actividades productivas, exigiendo a las compañías que al menos el 70% de su personal resida en la provincia.
“La próxima semana, tal vez la otra como máximo, vamos a estar aprobando el nuevo Registro de Empleo santacrueño. Es un registro electrónico a través de una web donde las empresas van a informar en carácter de declaración jurada el plantel actual, por supuesto, altas y bajas”, detalló.
Finalmente subrayó, “vamos a plantear también otros esquemas de verificación de domicilio o de residencia en Santa Cruz. Vamos a incrementar, por ejemplo, de 3 a 7 años la residencia, si bien la ley plantea una excepción, pero vamos a ir sobre eso en conjunto con el sector privado para que realmente se pueda cumplir”.
